La Comisión Europea arremete contra la revalorización automática de las pensiones, al considerar que es un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas futuras
25 mar 2024 . Actualizado a las 16:43 h.España tiene un problema con su deuda pública. No solo alcanza casi el 108% de su producto interior bruto (PIB), lo que equivale a más de toda la riqueza que produce el país en un año, sino que los intereses de la que irá venciendo en esta década (la que habrá que devolver a quienes prestaron el dinero) también aumentarán, añadiendo más presión sobre las finanzas públicas.
Y eso es algo que preocupa a la Comisión Europea, que ha vuelto a pedir a España que despliegue de inmediato una «estrategia creíble de consolidación» de las cuentas. Lo ha hecho en el último informe en profundidad de desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembro, enmarcado dentro del Semestre Europeo. No solo se trata de recortar partidas, también aumentar la recaudación para sufragar gastos y no depender tanto de la financiación exterior y el endeudamiento.
En ese documento, las autoridades comunitarias instan al Gobierno español a aprobar un compendio de reformas, «orientadas al gasto y los ingresos» para reducir la vulnerabilidad fiscal del país a medio plazo. En otras palabras: urge al Ejecutivo de Pedro Sánchez a culminar la reforma fiscal pendiente. Una reforma que no solo deberá abordar el futuro de la fiscalidad autonómica, también la introducción de nuevos gravámenes medioambientales, por ejemplo. No en vano, España es el tercer país donde menos peso tienen los impuestos verdes sobre el total de la recaudación (3,98%), según las últimas cifras de Eurostat. Solo Luxemburgo (3,08%) y Alemania (3,88%) ejercen menos presión fiscal sobre la gestión medioambiental.
En términos generales, las autoridades españolas recaudan el equivalente al 38,3% de su PIB, frente al 41,2% de la media de la UE, de acuerdo a las estimaciones de Bruselas que «sugiere» a España que aumente los ingresos con una simplificación del IVA. ¿En qué sentido? Aplicar el general a la mayoría de los bienes y servicios y poner coto al uso extensivo del reducido (se aplica en la hostelería) y superreducido. También le propone abiertamente que «ajuste los beneficios fiscales a ciertos impuestos indirectos, incluidos los medioambientales».
Riesgo «alto» por el gasto en pensiones
El riesgo de que las cuentas públicas descalabren es «alto» a medio plazo, según Bruselas. Y no es para menos. En el horizonte del 2034 está previsto que la deuda vuelva a repuntar hasta alcanzar el 118,4% del PIB, a pesar del declive progresivo de estos años. Esta subida tiene que ver con las necesidades de financiar unos servicios cada vez más costosos por el rápido envejecimiento de la población.
En el punto de mira de la Comisión Europea están las pensiones: «Volver a vincular las pensiones a la inflación añade más riesgos sobre la sostenibilidad fiscal a futuro, a pesar de que en la legislación se contemplen acciones específicas para compensar el impacto de un mayor gasto potencial».
Y ese peso, el de revalorizar las prestaciones de los jubilados en función de cómo evolucionen los precios, ya se empieza a notar. El mes pasado se abonaron 12.668,1 millones de euros para hacer frente al pago de sus nóminas, una cifra histórica que supera en un 6,2% el dinero desembolsado en el mismo mes del año pasado. Esa factura irá engordando en los próximos años con la gran retirada del mercado laboral de la generación del baby bum.
Tanto es así, que incluso la Comisión ha avanzado que en el Informe de Envejecimiento que publicará a lo largo de este año ha incorporado «importantes revisiones al alza» en torno al gasto en pensiones, salud y cuidados que harán países como España.
Cada céntimo cuenta. Por eso la Comisión recuerda al Gobierno español que debe aplicar las recomendaciones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que insta a mejorar la eficiencia del gasto público, incluidas las licitaciones, para evitar sobrecostes.