La madre del niño Gabriel Cruz, contra los documentales de «true crime»: «Se están intentando lucrar de su muerte»
TELEVISIÓN
Patricia Ramírez lamenta las «malas prácticas» y el «sensacionalismo» en las que ha estado envuelto el caso de su niño, conocido como «el pescaíto». Gabriel fue asesinado en el 2018 por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, que fue condenada a prisión permanente revisable un año después
07 may 2024 . Actualizado a las 20:14 h.La madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre, Ana Julia Quezada, el 27 de febrero de 2018, ha declarado la guerra a las producciones audiovisuales que ponen el foco en los crímenes.
Patricia Ramírez ha convocado una concentración el próximo sábado 11 de mayo en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) bajo el lema «Nuestros peces no están en venta». La madre de Gabriel asegura que irá en contra de quienes «se están intentando lucrar con su muerte».
«Desde el principio no hemos querido protagonismo con esto, hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel», ha trasladado Patricia Ramírez a través de un vídeo comunicado que ha difundido en redes sociales.
La madre del pequeño Gabriel, quien siempre se ha mostrado contraria a la exposición de la imagen de los menores víctimas de violencia y quien ha combatido la reposición de documentos audiovisuales ligados al caso de su hijo, ha solicitado el apoyo popular para evitar que se consumen este tipo de proyectos.
«Desgraciadamente en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria después de habernos arrancado su vida, sino odiando nuestro dolor y no atendiendo a las normas, saltándoselas», ha asegurado.
En este sentido, ha pedido el apoyo social para que valore si este tipo de situaciones pueden ser «injustas» para la propia familia de Gabriel o las de otras víctimas, así como para que valoren si deben «permitirse en una sociedad que merezca la pena vivirse».
«Os ruego que nos ayudéis una vez más porque solos este viaje no podemos», ha reclamado Patricia Ramírez, quien ha solicitado apoyo para «darle vuelta a todo esto» y poder tener «un futuro un poco más transitable y esperanzador» ya que de lo contrario, según cree, «lo que se nos avecina va a ser difícil de soportar».
Petición al Congreso
La madre de Gabriel Cruz ya realizó una campaña mediante una recogida de firmas para solicitar al Congreso que pusiera en marcha una ley que prohibiera «utilizar y beneficiarse» de la imagen de su hijo en medios digitales, páginas web o redes sociales como reclamo.
Asimismo, el pasado mes de marzo emitió una carta para reclamar a medios de comunicación y redes sociales que «respeten a las víctimas adecuadamente» y que las «protejan del dolor innecesario», anteponiendo la «decencia y la profesionalidad frente a intereses particulares o económicos».
«Les ruego que den un paso adelante y den un ejemplo de país y pongan la ética y el buen hacer frente a la conveniencia», trasladó en un comunicado publicado en la red social X cuando se cumplían seis años del crimen del pequeño de ocho años.
Apenas unos días después del estreno de El caso Asunta, la madre de Gabriel lamenta las «malas prácticas» y el «sensacionalismo» en las que ha estado envuelto su «caso y otros casos violentos mediáticos en España» y subraya la «necesidad» de «un tratamiento adecuado de las noticias de sucesos» que evite la «vulneración de derechos fundamentales».
«Les pido que retiren "lo feo" de sus cuentas y dominios, lo que mancha su memoria, sus titulares escabrosos, vídeos, pódcast morbosos e innecesarios, y les ruego reflexionen si podría resultar bueno para proteger su profesión», indica.
Señala que comparte lo que «siente» en este comunicado en la creencia de que «este tipo de malas prácticas pueden cambiar» y en «memoria» de su «pequeño Gabriel», al tiempo que expresa su agradecimiento a «la marea de buena gente» que nos han «apoyado sin soltarnos durante estos seis años».
Patricia Ramírez aludió al «dolor» que le produce «que se promocionen los mismos contenidos desde hace seis años» o que «se utilice» su caso, y rechazó que se «culpe» a las víctimas por «buscar ayuda por todos los lados y cualquier medio a su alcance por encontrar o salvar a su hijo, hija, hermano, mujer, marido, abuelos».
Afeaba, en esta línea, que se «ayude a las víctimas a cambio de exponerles continuamente y utilizar su historia a conveniencia» y considera que «más que ayuda resulta aprovecharse de personas vulnerables necesitadas de cuidado y protección porque sus vidas cambiarán para siempre de forma drástica y brutal».
«Jamás pude imaginar el terrible dolor y deterioro que nos provocaría la mediatización del caso, el daño irreparable y el impacto que sigue teniendo en nuestras vidas», subrayó para concluir que resultaba «triste que, en estos seis años», cuando ha salido a la opinión pública «para solicitar que no se nos hicieran más perrerías en defensa de nuestros derechos», lo hiciera «con miedo a que lo utilizasen para ponerme en contra de otras víctimas o afín a un partido político o ideología».
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Una desaparición con el peor final
Gabriel Cruz desapareció el 27 de febrero del 2018 cuando pasaba la tarde con su abuela y la pareja de su padre en la finca familiar de La Hortichuelas, en Níjar.
El pequeño, de solo ocho años, desapareció en el camino entre las casa de su abuela y otros familiares, que se encontraba solo a cien metros.
El dispositivo para buscar al menor se puso en marcha de inmediato, pero nada se supo de él durante doce días. Con 3.000 voluntarios y 2.000 profesionales de las emergencias, fue la mayor búsqueda de un desaparecido en España.
Lo que no se sabía en ese momento era que una de las personas que, aparentemente, más estaba sufriendo su ausencia, era su asesina. Se trataba de la novia de su padre, Ana Julia Quezada, que confesó los hechos tras su detención y después de que la Guardia Civil encontrase el cuerpo del niño en el maletero de su coche.
Quezada fue condenada en el 2019 por asesinato a prisión permanente revisable.